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Una reflexión para el fin de semana

10 Mar

 

 

 

 

Nuevos datos sobre cómo la industria farmacéutica paga a las asociaciones de pacientes

Las industrias sanitarias intentan controlar toda la cadena comercial de sus productos. Eso incluye a las asociaciones de enfermos (o de pacientes) de las patologías clave en su estrategia comercial. Ahora conocemos más datos de un fenómeno que pasa algo desapercibido al haberse puesto más el foco en los sobornos a los médicos y doctoras.

El pasado mes de febrero se cumplieron diez años desde que publiqué mi primer libro, Traficantes de salud: Cómo nos venden medicamentos peligrosos y juegan con la enfermedad (Icaria, 2007). En él, parto del problema de los daños provocados por medicamentos y hago una radiografía completa de lo que rodea a la industria farmacéutica y la corrupción sanitaria.

Uno de los problemas que hay citaba entonces y que amplié dos años más tarde en otro libro, La salud que viene, es el de la cooptación de las asociaciones de enfermos (pacientes les llaman, aunque cuando uno está enfermo suele estar impaciente por curarse) por las industrias sanitarias.

Hoy leo que un estudio refleja que el 83% de las asociaciones de pacientes de alguna enfermedad en Estados Unidos (EE.UU.) reciben contribuciones económicas de las compañías farmacéuticas.

El artículo se ha publicado en el New England Journal of Medicine y se han analizado 104 de las mayores asociaciones de enfermos del país. Sólo una de esas organizaciones que en teoría no tienen ánimo de lucro (lo que no quiere decir que no puedan obtener fondos para hacer cosas, claro) declaró explícitamente que no aceptaba dinero de la industria.

Los investigadores resaltan que en un tercio de las juntas de las asociaciones encontraron ejecutivos o ex de farmacéuticas.

Todo esto es un claro conflicto de interés pues enfermos e industrias tienen intereses antagónicos que en la práctica se disuelven por efecto del dinero. Los laboratorios quieren dar a conocer sus medicamentos y qué mejor que una asociación de enfermos de una patología a la que va destinada tu fármaco para promoverlo.

Esas asociaciones “de la industria” son útiles para hacer presión a los políticos y que den vía libre con rapidez a un nuevo tratamiento en investigación. También para intentar que las administraciones paguen lo que piden los laboratorios por un fármaco de reciente introducción en el mercado.

¿Por qué creéis que Gilead subvenciona a numerosas asociaciones de enfermos de hepatitis, tal vez para vender bien caro su medicamento Sovaldi (entre otros)?

Pagar asociaciones y a auténticas federaciones de ellas es útil para que se comprometan a difundir una “nueva” enfermedad clave para la estrategia comercial del laboratorio o farmacéuticas de un ramo.

En el ámbito sanitario no sólo prescriben los médicos, también lo hacen con sus buenas intenciones y recomendaciones las asociaciones de pacientes.

Mirad quiénes financian la Federación Española de Asociaciones de Ayuda al Déficit de Atención e Hiperactividad (FEAADAH). Como podéis ver en la barra lateral de la página, un poco más abajo:

El portal de Feaadah es posible gracias a la colaboración de las siguientes entidades: LillyJanssenRubió”.

Esos laboratorios son fabricantes de algunos fármaco citados. Shire, además de patrocinar a la FEAADAH ofrece “servicios para personal sanitario” en la web del programa Pandah.

También están en el comité asesor y en el científico de ese proyecto destinado a hacer lobby. Si queréis saber quién está detrás del proyecto corporativo leed Pandah y el nuevo medicamento para la “infancia TDAH”.

Las organizaciones de enfermos pues son otro brazo del marketing de las farmacéuticas, como contaba en Traficantes de salud, el principal junto con los médicos, que no son los únicos en cobrar por hacer marketing de tratamientos.

Lo de los médicos que deciden cobrar de las industrias (que no son todos, claro, sólo faltaría) ya lo conocéis, está muy extendido. En los últimos tiempos se han convertido en tendencia las fuertes sanciones a grandes laboratorios farmacéuticos por sobornar a los profesionales sanitarios. Pfizer despidió a 30 altos cargos en España por “prácticas poco éticas”. También se confirmó otra multa millonaria a la farmacéutica Novartis en Estados Unidos (EE.UU.), por el pago de sobornos.

De hecho, el principal lobby de los laboratorios farmacéuticos en España, Farmaindustria, ha obligado a las compañías a publicar lo que pagan a cada galeno. Así de escandalosa es la situación.

Con los enfermos pues igual, todo lo que pueda dar dinero recibe dinero, son inversiones vaya. Una encuesta publicada en enero en la revista médica JAMA descubrió que el 67 por ciento de las asociaciones de pacientes admitió donaciones de la industria.

Respecto a las cifras, lo que publica Redacción médica es que el último estudio va todavía más allá al centrarse en las asociaciones más importantes, y señala que recibieron, al menos, más de siete millones de euros al año, una financiación considerable. Aproximadamente una quinta parte de los grupos de defensa de los pacientes estudiados aceptaron al menos un millón de dólares de los laboratorios.

Así se entiende que laboratorios como AstraZeneca promueva, ¡junto a Sanidad! escuelas de pacientes para “empoderarlos”.

Me da la risa porque sé cómo trata esa empresa a la familia de Juan Santos Sierra, enfermo de lupus que murió en un ensayo clínico de un medicamento del citado laboratorio. Las asociaciones de pacientes de lupus no han apoyado mucho que se diga a esta familia, por algo será…

Y es que suele ocurrir que los pacientes a la industria le interesan calladitos y centraditos en su enfermedad.

De hecho, ningún laboratorio financia a las asociaciones de dañados por tratamientos, que se lo pregunten a los afectados por la talidomida, por el medicamento Agreal, por el método anticonceptivo Essure, por la vacuna del papiloma y a un largo etcétera.

un texto de :

http://www.migueljara.com/2017/03/07/nuevos-datos-sobre-como-la-industria-farmaceutica-paga-a-las-asociaciones-de-pacientes/

 

 

 

“Los Estados tienen una tremenda responsabilidad en la problemática del acceso a los medicamentos”

18 Ene

 

 

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Hoy compartimos contigo esta interesante entrevista que los colegas de Salud por Derecho han realizado a Fernando Lamata, experto en acceso a medicamentos y en planificación y gestión sanitaria. En ella, Lamata analiza en profundidad los principales problemas del actual sistema de I+D de medicamentos, apunta a sus responsables y define medidas que se podrían poner en marcha para reformar el modelo. 

Sobre los altos precios de los medicamentos nuevos asegura que “están rompiendo el equilibrio del sistema, detrayendo recursos de otras partidas, retrasando la introducción de medicamentos o racionando su prescripción”. El problema, asegura, es que “un medicamento que cuesta 10 euros tiene un precio de 400 o que un medicamento que cuesta 300, tiene un precio de 20.000 euros”.

Fernando Lamata critica también el excesivo poder de la industria farmacéutica. “Se debe quitar fuerza de negociación a la industria, para re-equilibrar la balanza”. Y señala la “enorme” responsabilidad de los Estados. “Debemos empezar exigiendo a los Gobiernos que conozcan lo que están negociando con dinero público: ¿cuánto cuesta la producción de un medicamento, de una vacuna? ¿Cuánto ha costado la investigación acreditada por la industria (descontando la realizada en centros o con financiación pública)?”. Para Lamata, se trata en definitiva de “un abuso de poder de la industria y una dejación de los Gobiernos”.

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Fernando Lamata acumula más de 25 años de experiencia en planificación sanitaria y gestión a nivel regional y nacional (Secretario General de Sanidad, Director General de la Escuela Nacional de Sanidad, Consejero de Sanidad y Servicios Sociales de Castilla-La Mancha, Director Provincial del Insalud de Madrid y en Cantabria, Vicepresidente Ejecutivo de la Fundación Jiménez Díaz, etc.). Ha estado implicado en procesos de reforma y coordinación de servicios (descentralización, atención primaria, salud mental, coordinación sanitaria y social, etc.). También ha sido miembro del Comité Ejecutivo de la OMS, del Grupo de Alto Nivel sobre servicios sanitarios de la Unión Europea y también del Panel de Expertos de la UE en formas eficientes de invertir en salud. Es autor de varios libros de gestión y política sanitaria. Ha estado charlando con nosotros sobre acceso a medicamentos, precio de los fármacos, la responsabilidad de los estados en estas materias, y otras muchas cuestiones que afectan directamente a tu salud.

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El precio de los fármacos y la falta de acceso a éstos se ha convertido en un problema político que a muchos gestores empieza a preocupar por la insostenibilidad que trae consigo para el Estado de Bienestar. ¿Cuál es el problema de fondo?

En efecto, los altos precios de los nuevos medicamentos están rompiendo el equilibrio del sistema, detrayendo recursos de otras partidas, retrasando la introducción de medicamentos o racionando su prescripción. Esta falta de acceso ya no afecta solamente a los países pobres, nos afecta a todos. Si una de cada tres personas en el mundo no tiene acceso al medicamento que necesita, en España casi 2 millones de personas no pudieron comprarse el año pasado el medicamento que les recetaron en la sanidad pública.

El problema es que un medicamento que cuesta 10 euros tiene un precio de 400 o que un medicamento que cuesta 300, tiene un precio de 20.000 euros. Vacunas, antivirales, anticoagulantes, antineoplásicos, antidiabéticos o anti-inflamatorios, se venden a precios exorbitantes.

¿Por qué pueden poner estos precios los fabricantes?

Porque tienen la fuerza de negociación que les da el monopolio (exclusividad de datos y patentes).

¿Y quién les da ese poder?

Los Gobiernos.

¿Cuál era el sentido de esa concesión?

Recuperar el coste de la Investigación. Pero, si vemos los datos, en muchos casos el coste de la investigación se ha recuperado en el primer año de facturación, o en menos tiempo, así que… ¿qué sentido tiene mantener la exclusividad de datos o la patente? Ninguno. Es un abuso de poder de la industria y una dejación de los Gobiernos.

¿Por dónde tendríamos que empezar para reconducir esta situación?

Debemos empezar exigiendo a los Gobiernos que conozcan lo que están negociando con dinero público: ¿cuánto cuesta la producción de un medicamento, de una vacuna? ¿Cuánto ha costado la investigación acreditada por la industria (descontando la realizada en centros o con financiación pública)? Pues bien, el precio deberá calcularse, en función de las ventas realizadas ya en otros países y de la previsión de ventas en nuestro país para cubrir esos costes, más un beneficio prudente.

Estas tres informaciones, coste de fabricación, coste de investigación y precio deben ser claras y auditadas. También se debe monitorizar la información sobre situaciones de falta de acceso a medicamentos, así como situaciones de sobre-indicación y sobre-consumo [hay que tener en cuenta que el consumo innecesario y los efectos adversos evitables son la otra cara de la moneda de este modelo basado en monopolios y en una fuerte actividad de marketing].

En segundo lugar se debe quitar fuerza de negociación a la industria, para re-equilibrar la balanza. Por ejemplo, prohibir la formación de profesionales y la financiación de sociedades y asociaciones de pacientes con fondos provenientes de la industria. Prohibir la financiación de las Agencias de Medicamento y de las Agencias de Evaluación por parte de la industria. Prohibir las puertas giratorias, y los conflictos de interés (recibir cualquier tipo de remuneración de la industria) con incompatibilidad absoluta para todas las personas que tomen decisiones en el proceso de regulación, autorización de medicamentos, financiación o fijación de precios.

Lamentablemente, tanto en Europa como en EEUU, se va en la dirección contraria, como muestra la aprobación de licencias adaptativas para reducir los controles con ensayos clínicos. Esto resultará en menos tiempo para lograr la autorización. Supongamos que se acorta en tres años. En un medicamento que facture 3.000 millones de euros al año son 9.000 millones de euros de beneficio adicional, sobre unos beneficios que ya son exagerados.

Si no hubiera interés en ganar más dinero por parte de la industria, y solo fuera el interés que proclaman de acelerar el acceso de los pacientes a los nuevos medicamentos, deberían renunciar a la exclusividad por los años que se acorte la tramitación. Y, desde luego, si ese fuera el interés de los Gobiernos, y no el aumentar los beneficios de la industria a costa de los contribuyentes y los pacientes, deberían reducir “de oficio” la exclusividad en los mismos años en los que se adelante la autorización de comercializar.

¿Cuáles crees que son los principales obstáculos que evitan la transparencia en las relaciones entre Estado e industria farmacéutica?

El excesivo poder de la industria. El sistema está desequilibrado. Las empresas “necesitan” incrementar las ventas y aumentar el valor de mercado de sus productos y de la propia empresa. Los incentivos de los altos ejecutivos son muy altos, con remuneraciones de varios millones de dólares anuales. No hay autocontrol. Por eso la dinámica será dar la información que refuerce su modelo, y ocultar la información que lo ponga en cuestión. Las empresas, progresivamente, imponen su “marco de referencia” en la legislación, en los profesionales, en los medios de comunicación. Así, la industria ha ido generando un discurso que “disfraza” la realidad: a) “el gasto en I+D para cada medicamento es enorme”; b) “si no hay beneficios importantes no se invertiría y no se fabricarían nuevos medicamentos”.

¿Y no es cierto?

Ninguna de las dos afirmaciones es cierta. En primer lugar: investigar tiene un coste importante. Pero todo el gasto en I+D de la industria de medicamentos en la UE 28 asciende al 16% de las ventas. Se destina a marketing innecesario mucho más, entre un 23 y un 30% de las ventas. Y, además, el beneficio de las empresas es del 20%, cuando en el sector industrial general es menor de 5%, gracias al dinero que, supuestamente, pagamos para investigación.

En segundo lugar: el 75% de la verdadera innovación se realiza en centros públicos y/o con financiación pública. Gran parte de la investigación que realizan las industrias es incremental, no innovadora. Así, se investiga prioritariamente en aquello que tiene expectativas de negocio, no en las necesidades y problemas de salud.

Pero la industria gasta más de 35.000 millones de euros al año en marketing, y eso da para mucho: logra controlar el discurso (opinión pública, opinión de los profesionales) y logra “capturar” al regulador (Gobiernos, Agencias, etc.) para la toma de decisiones. Imponen sus reglas de juego: no dan datos de costes de producción, de costes de I+D, de precios (precios diferenciales confidenciales). Controlan la información sobre los ensayos clínicos que subcontratan con otras empresas, etc. E imponen el “precio por valor”, es decir, el máximo que pueden obtener del paciente o del país. Y a partir de ese precio abusivo, discuten fórmulas de pago, descuentos, etc.

Es común responsabilizar a la industria farmacéutica por las fallas en el sistema pero, ¿cuánta responsabilidad tienen los propios Estados para atajar esta problemática?

Los Estados tienen una enorme responsabilidad, porque hacen las leyes y deciden las políticas. Ahora bien, la presión de los lobbies es muy fuerte, como demuestra la aprobación por el Congreso de los EEUU de la “21st Century Cures Act”, que da vía libre a las fórmulas rápidas para autorizar medicamentos.

La responsabilidad de los Gobiernos es cambiar el modelo, para que las necesidades de salud, el acceso a los medicamentos necesarios, y la eliminación del uso inadecuado, sustituyan a las prioridades de negocio y beneficio exagerado de las empresas. Pero esto necesita acuerdos internacionales importantes (varios países, ámbito de la UE, ámbito mundial).

Mientras tanto se puede ganar fuerza negociadora para defender los intereses generales, por ejemplo: quitar la patente mediante licencia obligatoria y autorizar la producción o importación por otra empresa. En medicamentos para la Hepatitis C o para el VIH habría supuesto para España un ahorro de 1.000 millones de euros en 2015. El Panel de Expertos de Naciones Unidas sobre acceso a los medicamentos ha subrayado la importancia de esta herramienta.

También debe impulsar la utilización de genéricos, controlando al mismo tiempo una competencia real, y fomentar la compra conjunta de medicamentos, entre otras medidas.

¿Cómo repercute la inversión pública actual en I+D biosanitaria en el bolsillo de los contribuyentes españoles y europeos?

Podemos simplificar diciendo que paga el contribuyente y se beneficia la industria. Los contribuyentes pagan la I+D por dos vías. Por una parte, la inversión “directa” en centros de investigación públicos, la que se realiza en hospitales y centros de salud públicos, las becas de investigación, los proyectos con financiación pública, etc. Esto supone un 30% del gasto de investigación total, unos 12.500 millones de euros.

Por otra parte, también pagan el gasto de investigación que realiza la industria, con los sobre-precios que se imponen por el monopolio (exclusividad de datos y patentes). Podemos llamarla “inversión indirecta”. Esto supone un 60% del gasto de investigación total. Otro 10% lo realizan organizaciones privadas sin ánimo de lucro.

Analicemos un poco los datos: el gasto de las industrias europeas en I+D es solamente un 16% del total de las ventas. Unos 25.000 millones de euros anuales, sobre unas ventas de 156.000 millones. El gasto en fabricación es un 21% de las ventas, unos 32.800 millones. ¿Dónde se va el resto, casi 100.000 millones, que pagan los contribuyentes y los pacientes? A gastos de marketing (más de 35.000 millones), a beneficios (más de 31.000 millones) y a otros gastos.

Mientras se mantenga el actual modelo, de financiar la I+D a través de los precios, los Gobiernos deberían, al menos, recuperar la inversión directa en I+D, recuperando parte de los beneficios de las ventas, en proporción a lo que han aportado.

Pero también es inversión pública “indirecta” la que se realiza a través de los precios, ya que si no se concedieran patentes, la competencia haría bajar los precios al coste de fabricación. El sobreprecio es un “impuesto” que pagamos todos para pagar la I+D. El problema es que este modelo hace que paguemos la I+D de las empresas, y mucho más. Pagamos 100.000 millones “extras”, de los que más de 70.000 millones nos los podríamos ahorrar, manteniendo todo el gasto en I+D, el gasto en formación, y un beneficio moderado, similar a la media del sector industrial. Sin duda este modelo de financiar la I+D repercute mucho en el bolsillo de los contribuyentes; pero lo hace negativamente.

Parece claro que el modelo de innovación biosanitario no funciona: produce precios altos y una agenda de investigación marcada por los intereses de la industria. ¿Qué alternativas existen?

Ya en el año 2012 el Grupo de Trabajo de la OMS sobre Investigación y Desarrollo, financiación y coordinación, propuso un modelo de financiación de la I+D separado de los precios: “delinkage”. Se trataría de avanzar hacia un Convenio Internacional que creara un Fondo Global para la I+D en medicamentos. El TDR de la OMS ha propuesto estructura operativa para gestionar un Fondo Global, aprovechando su experiencia en los programas sobre Enfermedades Tropicales.

Por otra parte, se han llevado a cabo algunas iniciativas muy interesantes como las de la Iniciativa de Drugs for Neglected Diseases, DNDi, para el desarrollo de medicamentos a precios de coste.

La Alianza de Universidades para los Medicamentos Esenciales ha elaborado un informe con más de 80 iniciativas que se están llevando a cabo actualmente en esta materia.

Estas y otras iniciativas señalan hacia un nuevo modelo: Un Fondo Global, con financiación pública, gestionado con dirección pública y/o independiente (no ligada a la industria), que fije las prioridades en relación con las necesidades de salud. La investigación sería abierta con coordinación entre grupos y la fabricación sería llevada a cabo por industria farmacéutica. El precio se establecería en función del coste de fabricación.

¿Qué puede hacer la sociedad civil y qué otros actores serían necesarios para un cambio de modelo más justo y equitativo?

La sociedad civil es clave para intentar reequilibrar el balance que hoy está claramente inclinado a favor de la industria. Debe haber una fuerte presión social, basada en información independiente. Así que el primer paso es la información, el debate y la sensibilización. El discurso actual está dominado por la industria, y los medios de que dispone son mucho mayores que los de la sociedad civil. Pero es importante hacer un esfuerzo para que se conozcan los datos y se pueda tomar conciencia del problema y de las posibles soluciones.

No es imposible: el informe del Panel de la Secretaría General de Naciones Unidas sobre acceso a los medicamentos, de septiembre de 2016; la declaración de los Obispos Latinoamericanos sobre el TPP y el modelo de patentes, de febrero de 2016; o la resolución de la Comisión de Derechos Humanos de la Asamblea de Naciones Unidas en junio de 2016, van en esa dirección, subrayando la primacía de los derechos humanos sobre el beneficio comercial y la propiedad intelectual.

La sociedad civil organizada tiene que debatir con los profesionales sanitarios, para animarles a apostar por un nuevo modelo. No es fácil, ya que no ven claro que ese modelo pueda funcionar y muchos prefieren seguir con el modus vivendi actual. Hay que debatir con los parlamentarios y miembros de los gobiernos nacionales y europeo, y promover leyes y políticas que corrijan el actual modelo. Y también fomentar el debate con las asociaciones de pacientes, para que no se dejen utilizar como la punta de lanza de los intereses comerciales.

Es decir, intentar llegar a los mismos grupos a los que se dirige la industria, pero poniendo como objetivo la defensa del derecho humano a la salud y a los medicamentos.

entrevista realizada por:

https://saludporderecho.org/

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oncología médica plan de futuro de la Sociedad Española de Oncología Médica: retos y las necesidades futuras de los oncólogos españoles

8 Ene

 

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oncología médica plan de futuro de la Sociedad Española de Oncología Médica(SEOM): retos y las necesidades futuras de los oncólogos españoles

 

 

SEOM realizó en 2015 el primer Plan de Futuro de la Oncología Médica con el objetivo de identificar las principales necesidades de la especialidad ante el incremento de los pacientes con cáncer y proponer una serie de recomendaciones que garanticen la calidad asistencial de los Servicios de Oncología Médica. De los resultados de dicho estudio se ha elaborado un artículo científico que ahora ha sido publicado en la revista Clinical & Translational Oncology y que pueden leer a continuación. 

 

 

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Propósito

El Plan de Futuro SEOM tiene como objetivo identificar los principales desafíos, tendencias y necesidades de la especialidad de oncología médica en los próximos años, incluyendo potenciales de escasez de personal oncólogo, y proponer recomendaciones para superarlos.

Los avances en Oncología Médica, incluyendo el diagnóstico temprano y más preciso, y el descubrimiento de terapias más eficaces, están contribuyendo a mejorar las tasas de supervivencia en pacientes con cáncer y aumentar el número de supervivientes a largo plazo [ 1]. Sin embargo, el cáncer sigue siendo una de las principales preocupaciones en España, ya que es la principal causa de muerte en hombres y la segunda causa principal de muerte en las mujeres [ 2 ], así como la primera causa de años potenciales de vida perdidos (APVP) [ 3 ]. Además, la incidencia de cáncer en España sigue aumentando [ 1 ], debido en parte, al envejecimiento de la población, los factores ambientales y ciertas formas de vida en la sociedad actual. El estudio de 2012 Globocan predice un aumento del 39% en la incidencia de cáncer en España dentro de los próximos 20 años, pasando de alrededor de 227.000 nuevos casos por año en 2015, a más de 315.000 en 2035 [ 4 ].

El aumento de la incidencia, la disminución de las tasas de mortalidad y el envejecimiento de la población, están causando un aumento en el número de pacientes con cáncer potenciales que exigirán los servicios de tratamiento en consulta de Oncología Médica. Este aumento de la demanda estará acompañado por una gestión más compleja, debido tanto al aumento en el número de pacientes complejos (pacientes polimedicados, con múltiples patologías o pacientes que reciben varias líneas de quimioterapia como los factores principales), y al aumento continuo de el número de las drogas y las indicaciones aprobadas para el tratamiento de cáncer. Actualmente hay más de 2000 medicamentos en desarrollo en el área de oncología, la mayoría dirigidas a el tratamiento de tumores en estadio avanzado o metástasis [ 5 ]. Durante el período de 2014 a mayo de el año 2015 a lo largo, la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS) aprobó 16 nuevas indicaciones en el área del cáncer (ya sean nuevos medicamentos o ampliación de la indicación de fármacos ya aprobados) [ 6 ].

Por otro lado, el avance significativo en el campo de la genómica humana ha permitido el rápido avance en la comprensión de la biología del tumor. Muchos de los nuevos fármacos actúan sobre dianas moleculares o rutas de señalización que corresponden a las alteraciones del genoma específicas, que logra una actividad anti-tumor más preciso y eficaz. Este conocimiento es permitir el avance en la aplicación de un “biomarcador llevó a cabo la” medicina oncológica o “medicina de precisión”. [ 7 ] El número de los llamados “diagnósticos de acompañamiento” [análisis genético, la detección de proteínas o metabolitos niveles, etc., de acuerdo con la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA)] está aumentando. Aunque la mayoría de estas pruebas son recomendados por la FDA y la Agencia Europea de Medicamentos (EMA), todavía se debe obtener evidencia más clara de su utilidad clínica para facilitar su implantación [ 8 ].

Dentro de este contexto de cambios, la Sociedad Española de Oncología Médica (SEOM) ha considerado la necesidad de un estudio de la compilación de los principales retos de futuro de la especialidad y una propuesta de recomendaciones para responder a ellos con la máxima garantía de calidad en la prestación de asistencia sanitaria y la equidad de acceso basado en la mejor evidencia disponible.

Para responder adecuadamente a los desafíos a la especialidad, es esencial para monitorear posibles escasez de personal de oncología médica. Diferentes estudios realizados por el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad se han registrado periódicamente el número de profesionales y han informado de las estimaciones de las necesidades futuras [ 9 ]. La aprobación del Real Decreto 640/2014, de 25 de julio, reguladora de la creación del Registro Nacional de Profesionales de la Salud, se inició una importante iniciativa que será útil para la planificación de las necesidades de los profesionales de la salud calificados, así como de la coordinación de la salud pública Las políticas de Recursos humanos. Sin embargo, en vista de la falta de datos actualizados sobre especialistas en oncología médica en España incluidos en el estudio europeo disponible [ 10 ], ya la espera de conocer los resultados del Registro de Profesionales de la Salud, el Plan de Futuro Proyecto de Oncología Médica, se ha producido una Registro actualizado de los oncólogos médicos (MO), que servirá como base para la estimación de las necesidades futuras.

Además del estudio de la fuerza de trabajo, el objetivo del estudio fue identificar la percepción oncólogos médicos acerca de los cambios que están teniendo impacto en su práctica diaria y los principales retos y las necesidades futuras de la especialidad. Con ese fin, una encuesta en línea fue utilizada como base por un Consejo Asesor para la emisión de recomendaciones sobre las acciones más efectivas que deben llevarse a cabo.

métodos

Las estimaciones de la fuerza de trabajo oncólogos médicos requeridos se basan en una actualización Médico oncólogo Registro en España, los datos de actividad Departamentos de Oncología Médica, tiempos de dedicación y proyectan la incidencia de cáncer. Retos, necesidades y recomendaciones futuras se obtuvieron de una encuesta de opinión y un consejo asesor.

resultados

Una escasez de 211 (FTE) especialistas oncólogo médico se ha establecido. Para mantener una relación óptima de 158 nuevos casos / FTE( especialistas en oncología médica), mano de obra oncología médica debe llegar a 1.881 FTE para el año 2035.

conclusiones

Principales recomendaciones para hacer frente a la creciente demanda y la complejidad de los servicios de oncología incluyen un crecimiento anual del 2,5% de la fuerza laboral del médico oncólogo hasta 2035, y el desarrollo y aplicación de indicadores de calidad más precisos para el tratamiento del cáncer y los resultados de salud medida.

La estimación de la carga de trabajo actual de los oncólogos médicos basados en la demanda actual del servicio y la dedicación necesaria para las actividades principales que permitió estimar que una relación óptima de 158 nuevos casos por FTE( especialistas en oncología médica) debe ser alcanzado. En la actualidad 1352 FTE( especialistas en oncología médica) sería necesario para llegar a esta relación óptima, en comparación con el FTE( especialistas en oncología médica) 1141 disponible, lo que significa un déficit de 211 FTE( especialistas en oncología médica). 1881 FTE( especialistas en oncología médica) sería necesaria para alcanzar la relación óptima en 2035, lo que implicaría un crecimiento plantilla media anual del 2,5%.

Sobre la base de las necesidades y los desafíos identificados por los oncólogos médicos, SEOM quisiera subrayar la necesidad de avanzar hacia el establecimiento de acciones que: (1) se mueven hacia adelante en lo que se refiere a la mejora de la asistencia sanitaria, la igualdad de acceso a la atención , y el aumento de la eficacia de promover la evaluación de los resultados de salud, (2) construir indicadores más precisos de calidad, útil para la toma de decisiones en el área de oncología médica y (3) asegurar que el tamaño de la fuerza de trabajo oncología médica será adecuado en tamaño para hacer frente a las demandas futuras.

es

texto integro:

http://link.springer.com/article/10.1007/s12094-016-1595-9/fulltext.html

 

**Para una mejor compresión de los textos que aparecen en otro idioma, se recomienda usar como navegador Google Chrome

 

‘Yo elijo SANIDAD 100% pública’

26 Ene

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Yo Elijo 100 % Pública, es una campaña para concienciar a los usuarios y trabajadores de la Sanidad Pública, que tenemos mucho que decir ante las masivas derivaciones a las clínicas privadas, y que estamos en nuestro derecho de exigir ser atendidos en Hospitales Públicos, tanto en pruebas diagnósticas como en intervenciones quirúrgicas.
 
         Este intento de desmantelar la Sanidad Pública, es una estrategia torticera y cruel, ya que se aprovecha de la situación más vulnerable de las personas que se encuentran, en ocasiones, en una delicada situación de salud, para mentirles desde el Call Center (Centro privado, que es quien gestiona las citas sanitarias), amenazandoles que en su Hospital tienen una lista de espera de muchos meses, mientras que si acuden a la clínica privada les pueden hacer las pruebas o puede ser operado en pocos días.
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Cabe señalar dos aspectos de esta estrategia:
          El primero de ellos, es que la información de esas listas de espera quirúrgicas en los Hospitales públicos, muchas veces es falsa, y el usuario no puede comprobar su veracidad, y acepta la derivación a la clínica privada, porque siente la necesidad de salvaguardar su salud. En caso de negarse a ser derivados a la sanidad privada, son amenazados y colocados la final de la lista de espera, con la etiqueta que pone: rechaza derivación, y son advertidos que su espera será de muchos meses. En algunos casos, en los que han rechazdo ser derivados, pocos días después les dan cita para unas semanas, con lo que se pone de manifiesto que esas listas eran ficticias. 
 
         El segundo aspecto, es que se estan cerrando habitaciones, quirófanos y salas de radiodiagnóstico, incrementando de este modo las listas de espera, y utilizando los recursos económicos para pagar a las privadas esas derivaciones,  en vez de utilizarlos en contratar personal en la Sanidad Pública y dar uso a esa cantidad de resonancias, scanner, quirófanos,…, que permanecen cerrados todas las tardes.
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Ante esta situación, los trabajadores y usuarios de la sanidad, no podemos quedarnos de brazos cruzados. Se ha diseñado esta campaña, para concienciarnos de nuestros derechos, y exigir ser atendidos en centros públicos. Existen dos tipos de reclamaciones:
          1º. El usuario RECHAZA LA DERIVACIÓN, y exige mediante su reclamación ser atendido en un centro público, exigiendo ser atendido además en un plazo razonable.
 
         2º.. Cuando el usuario tiene miedo a que se demore su atención sanitaria y ACEPTE LA DERIVACIÓN, también puede poner su reclamación exigiendo que le den explicaciones del porque de su derivación, y por que el centro público no puede tener sus quirófanos y sus salas de radiodiagnóstico al 100% de su rendimiento.
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Las reclamaciones deben entregarse en atención al paciente o en la pagina web de la consejería (está en el díptico). Las hojas de reclamación son guías para poder transcribir la reclamación a la hoja oficial, ya que está cuenta no número de registro.
 
         Por último, señalar también, que entre las posibilidades de su derivación a otro centro, usted puede elegir también otro Hospital Público, no le pueden obligar a ser derivado solo a una clinica privada. 

 

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